Iglesias pide cárcel para ‘los de abajo’

Pablo Iglesias, el mismo que defendía los «escraches» por ser «el jarabe democrático de los de abajo», ha interpuesto una querella contra Miguel Frontera, un ciudadano que se viene manifestando delante de su chalet de Galapagar. Iglesias e Irene Montero le acusan de seis delitos -acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y, por último, otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente- que si son aceptados por la justicia podrían llevarle a la cárcel. No cabe mayor hipocresía: Iglesias y Montero ya no defienden a «los de abajo», sino que piden para ellos prisión. Es lo que tienen los nuevos burgueses.

El contenido de la querella no tiene desperdicio: Iglesias se queja de que le llaman «garrapata» y a su pareja, «analfabeta». El relato de los hechos, según el vicepresidente segundo, es, cuanto menos sugerente: «Miguel Frontera se persona a diario en el domicilio particular de nuestro representado, sito en la Urbanización de La Navata de Galapagar, hostigando y profiriendo improperios… no se trata de protestas políticas, sino de una «animadversión personal» y «odio». En la querella también se acusa a Frontera de saltarse el perímetro de seguridad que las Fuerzas de Seguridad han instalado alrededor del casoplón de Iglesias, así como de llevar la bandera carlista con la Cruz de la Borgoña usada en la Guerra Civil española y de poner «a un volumen muy elevado» el himno de España. En la querella se solicita que se notifique a la comandancia de la Guardia Civil en San Lorenzo de El Escorial para que presenten un vídeo que incautaron en el teléfono de Frontera en el que, según la defensa de Iglesias, se observa a este ciudadano «grabar la casa del vicepresidente del Gobierno por encima del muro de la vivienda».

Se da la circunstancia de que Frontera no es el único ciudadano que ha sido denunciado por Iglesias y Montero por protestar frente a su vivienda, también lo fueron las vecinas Claudina y Ascensión, que tuvieron que enfrentarse a un juicio rápido por caminar cerca del famoso chalet. La juez archivó el caso.

Iglesias y Montero tienen todo el derecho a ejercer acciones legales, pero el cinismo que destilan es de aurora boreal. Antes, cuando aún no eran burgueses, defendían el acoso a los políticos como instrumento democrático. Ahora ya no se acuerdan de «los de abajo». Bueno, sí se acuerdan, pero para mandarles a la cárcel.